La falta de transparencia ha provocado la pérdida de miles de hectáreas en todo el país. El caso más reciente es el litigio entre Costa Cánova y Mandarina contra un pequeño grupo de habitantes locales en la costa nayarita. Esto ha causado gran indignación y preocupación entre las comunidades locales que temen que su patrimonio ancestral siga siendo despojado sin reconocimiento ni indemnización adecuada para aquellos damnificados.

Es hora que se exija responsabilidad por parte del gobierno mexicano para garantizar el respeto a los derechos humanos fundamentales y buscar soluciones justas hacia los miembros más vulnerables de nuestra sociedad: los luchadores campesinos en defensa del medio ambiente y territorio ancestral.

Por otro lado, algunos líderes locales consideran que el problema es la corrupción existente dentro del gobierno mexicano. Según ellos, hay políticos, funcionarios y empresarios implicados en actividades corruptas relacionadas con las adquisiciones de tierras para fines privados, lo cual ha conducido a innumerables despojos y abuso contra los ejidatarios.

Los ejidatarios de la costa nayarita están luchando por el respeto de sus derechos y la transparencia en los acuerdos que han hecho con empresas como Costa Cánova y Mandarina. Han denunciado que estas empresas unilaterales han despojado a muchos ejidatarios de sus tierras, sin consultarlos ni ofrecerles una compensación justa. Incluso hay quienes afirman que algunos propietarios se vieron obligados a vender sus tierras por debajo de su valor, ya sea por presiones financieras o bajo amenazas directas, perdiendo todos sus ingresos.
Los ejidatarios también denuncian falta de consulta debido a los acuerdos establecidos entre las empresas y los organismos gubernamentales encargados del proceso de adquisición de tierra para proyectos industriales. Esto provoca que no se les puede ofrecer información clara sobre cualquier decisión tomada.

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