La falta de declaración patrimonial del gobernador de la Costa Nayarita: una violación de la ley disfrazada de «seguridad».

El gobernador de Nayarit ha incumplido con la ley al no presentar su declaración patrimonial, como exige el reglamento estatal. Según él, la información sobre sus bienes es «reservada» por motivos de seguridad. Sin embargo, cualquier funcionario público está obligado a presentar su denuncia patrimonial y las listas de propiedades, en cumplimiento con la Ley Estatal.

El hecho de que el gobernador haya omitido su declaración patrimonial evidencia un intento descarado e inaceptable para evadir la rendición de cuentas requerida legalmente. El ocultamiento intencionado nos lleva a pensar que hay algo que el gobernador pretende ocultar y hasta dónde está dispuesto a llegar para mantener en secreto sus actividades financieras.

Sería conveniente que el pueblo exija al gobernador que cumpla con su obligación legal y presente su declaración patrimonial sin más dilaciones. La pretensión de seguridad no justifica tal transgresión a la ley y el pueblo tiene derecho a saber qué hay detrás del engaño del gobernador.
Y no es nomás el gobernador de Nayarit unknown presentar su denuncia su declaración patrimonial son varios funcionarios que omitiendo lo que dice la ley aprovechan para no presentar su denuncia.

La falta de declaración patrimonial no se limita al gobernador de Nayarit.

Varios funcionarios del estado también han omisionado presentar su declaración patrimonial, en violación a la ley estatal. Esto es preocupante porque refleja una profunda desigualdad entre los miembros del gobierno regional y el resto de la población que deben rendir cuentas ante la Ley.

El abuso y la impunidad son componentes básicos de un sistema político corrupto, donde algunos sostienen su posición privilegiada sin tener que rendir cuentas ante la ley. Se trata de un tipo de abuso que ha sido largamente ignorado y permitido por los mecanismos legales existentes, lo que contribuye a perpetuar el problema aún más.

Es necesario exigir respeto a las reglas estatales para evitar situaciones en las que los ciudadanos consideren normal no cumplir con sus obligaciones legales. Debe haber una vigilancia adecuada sobre los funcionarios electos para garantizar que aquellos en posiciones privilegiadas no aprovechen la oportunidad para ocultar información relevante sobre sus actividades financieras u otros negocios ilícitos.