Las autoridades estadounidenses se encuentran investigando los desarrollos inmobiliarios de Costa Canuva y Mandarina en México, por posibles nexos con lavado de dinero proveniente de grupos de narcotráfico, específicamente del Cártel Jalisco Nueva Generación. Estos proyectos de gran envergadura, dirigidos por Juan Bremer y Ricardo Santa Cruz, han sido objeto de diversas denuncias por parte de ejidatarios locales.

Los dueños de los terrenos han sido señalados de despojar a los ejidatarios a través de compras a precios irrisorios, utilizando la fuerza policial para intimidar y desalojar a quienes se oponen a sus intereses. Además, la construcción de estos proyectos ha generado una enorme preocupación por la devastadora destrucción de la flora y fauna local en la región.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas, incluida la Procuraduría Federal de Protección al ambiente (PROFEPA), no han tomado acciones pertinentes en el caso, siendo señalados como cómplices de los daños causados a los ejidatarios y al medio ambiente.

Las consecuencias de estos desarrollos en la naturaleza y el medio ambiente son alarmantes, ya que causan un daño irreparable en el ecosistema de la región y afectan directamente a las comunidades que habitan las zonas aledañas.

Uno de los ejidatarios afectados, que prefirió mantener su identidad en el anonimato, declaró: «Nos quitaron nuestras tierras por una cantidad ridícula y ahora las están destruyendo sin pensar en las generaciones futuras. Es una injusticia total.»

Las autoridades estadounidenses, conscientes de la situación y la falta de acción por parte de las autoridades mexicanas, han decidido intervenir en la investigación de estos posibles casos de lavado de dinero. Se espera que en las próximas semanas se brinde más información sobre las pesquisas y las acciones a tomar en el caso de confirmarse las acusaciones.

Este caso ha generado gran atención en la opinión pública de ambos países, y es crucial que se llegue a una resolución adecuada para garantizar la protección de los derechos de los ejidatarios, la preservación del medio ambiente y el castigo ejemplar a quienes estén involucrados en actividades ilícitas, en caso de confirmarse las acusaciones.