La situación en la Fiscalía de Nayarit es alarmante y pone de manifiesto los problemas que aquejan al sistema de justicia en México. De acuerdo con El Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, el INEGI y Semáforo Delictivo, se ha descubierto que la Fiscalía de Nayarit escondió 116,759 denuncias en el archivo temporal sin realizar investigaciones o certificaciones judiciales pertinentes. Esta negligencia por parte de las autoridades implica una violación a los derechos de las víctimas y un grave problema de impunidad.

Como si esto no fuera suficiente, la Fiscalía no investigó estos delitos desde 2017 hasta 2022, lo que genera sospechas sobre la integridad y capacidad de los encargados de procurar justicia. Sólo se han «judicializado» alrededor de mil carpetas de investigación, lo que demuestra una preocupante falta de compromiso en la lucha contra la impunidad y la corrupción.

Entre las 116,759 denuncias archivadas sin investigar, se encuentran casos de 30 notarios públicos que cometieron 3,200 delitos, 1,841 «desapariciones forzadas» y 2,491 denuncias por «fabricación de delitos». Estas son cifras alarmantes que dan cuenta de una situación calamitosa y totalmente inaceptable.

Por si fuera poco, se ha denunciado que la Fiscalía de Nayarit habría encubierto los delitos cometidos por 400 exfuncionarios del gobierno de Roberto Sandoval y otro tanto del gobierno de Toño Echevarría García, así como algunos magistrados, incluyendo a Benito Solís y su hija. La situación es tan grave que se sospecha la implicación de altos cargos de la Fiscalía y de algunos magistrados, entre los cuales el mayor acusado es Raimundo García Chávez, principal colaborador de Sandoval y su secretario personal, quienes estarían involucrados en delitos graves de impunidad, corrupción y obstrucción a la justicia.

En este contexto, es evidente que la posición del actual fiscal de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce Medrano, es insostenible y que se necesita una acción inmediata para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y el estado de derecho. Es triste ver cómo la corrupción y la impunidad siguen permeando nuestro sistema de justicia y afectando la seguridad de todos los ciudadanos. Urge una respuesta contundente por parte de las autoridades y un compromiso real para erradicar la impunidad y la corrupción de nuestras instituciones.