Las pruebas no mienten: las conversaciones filtradas confirman que la mafia de los Montenegro controla el poder judicial y la fiscalía de Nayarit. La gravedad de las conversaciones entre la presidenta del tribunal y la Secretaría de gobierno de Nayarit es alarmante: las mentes detrás del poder judicial en manos corruptas.

Araceli Avalos, quien desde hace tiempo ha estado asociada con la mafia de los Montesnegros, obtuvo el puesto de presidenta del tribunal superior de justicia sin tener ninguna experiencia en el sector. Su elección se debió principalmente al apoyo de los Montesnegros, quienes influyeron notablemente en la designación de Avalos para el puesto más importante del tribunal. La falta de experiencia en el ámbito judicial de Avalos y su histórica conexión con la mafia son señales preocupantes de la falta de transparencia en los procesos de selección y nombramiento de los altos funcionarios judiciales. La designación de una persona poco preparada y con vínculos sospechosos para dirigir el máximo tribunal de justicia puede tener graves consecuencias para el acceso a la justicia de los ciudadanos y la protección de sus derechos. Es importante que se investigue exhaustivamente este nombramiento y se tomen medidas para asegurar la independencia y la integridad del sistema judicial.

La información obtenida a través de las conversaciones de WhatsApp entre altos funcionarios del poder judicial y la Secretaría de Gobierno es altamente preocupante. Se revela la posibilidad de negociaciones ilegales y poco éticas por parte de estos funcionarios, así como la expresión de críticas extremadamente negativas hacia otros líderes políticos y una clara falta de consideración hacia la ciudadanía y las decisiones judiciales.
Además, se destapa una posible corrupción y falta de transparencia en algunas acciones judiciales, lo cual es especialmente alarmante ya que socava la integridad del sistema judicial y mina la confianza de la sociedad en las instituciones democráticas encargadas de proteger sus derechos y libertades.
En este sentido, se revela que Rocío González, ex presidenta del tribunal donde fue impulsado su marido José Espinosa alias Pepe atole, pasó de ser presidenta del tribunal a secretaria de Estado de Nayarit, aparentemente con la complicidad del gobernador que buscaba asegurarse el apoyo del sistema judicial por sus actos de corrupción.
En particular, en una conversación de WhatsApp Rocío González le pide a Araceli Ávalos que apoye la candidatura a diputado federal de su esposo, lo que sugiere un posible tráfico de influencias y una utilización indebida de los cargos públicos por parte de estos funcionarios.

En las conversaciones que hemos obtenido, se menciona el nombre de Aníbal Montenegro, quien ha estado involucrado con las mafias del Sepem y ha utilizado su posición dentro de la Secretaría de Educación para abusar del poder y favorecer a personas cercanas a él. Tambien Aníbal Montenegro llegó a nombrar a su amante, Elizabeth López, como Secretaría de Educación, convirtiendo esta dependencia en su feudo personal.
Las autoridades iniciaron una investigación contra Montenegro y emitieron una orden de aprehensión en su contra debido a sus actividades ilícitas. Sin embargo, en las conversaciones que hemos obtenido, se habla de una solicitud de la secretaria de Estado Rocío González para que se anule esta orden de aprehensión.
Esta información resulta altamente preocupante, ya que sugiere la posibilidad de que Montenegro y sus aliados en el poder estén utilizando su influencia para evitar ser castigados por sus conductas poco éticas y posibles acciones criminales. La opacidad y falta de transparencia en este tipo de decisiones solo sirve para debilitar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones democráticas.

La información obtenida revela datos preocupantes acerca de la conducta de los altos dirigentes del poder judicial y la Secretaría de Gobierno. Entre las conversaciones se encontró información acerca de Gerardo Montenegro, hermano de Aníbal, quien enfrenta un orden de aprehensión por abusos sexuales en contra de maestras de la Sepem. De acuerdo a lo encontrado, Montenegro mantiene una relación sentimental con Araceli Ávalos, presidenta del tribunal, quien estaría haciendo esfuerzos para librarlo de cualquier cargo penal, a pesar de no haber pagado nada y ser prófugo de la justicia.

Las conversaciones de WhatsApp a las que hemos tenido acceso revelan algo sumamente preocupante: la existencia de una mafia liderada por el chilango Camarena, la cual está manipulando el sistema judicial para nombrar a funcionarios afines a ellos. Esto es particularmente grave, ya que socava la independencia y la transparencia del proceso de nombramiento de funcionarios públicos.
De hecho, las capturas de pantalla de estas conversaciones son claras y contundentes en cuanto a la corrupción y la podredumbre que impera en el sistema judicial de nuestro estado. Los altos dirigentes involucrados en estas conversaciones expresan opiniones extremadamente críticas acerca de otros líderes políticos y muestran una clara falta de respeto hacia la ciudadanía y las decisiones judiciales.
Además, se evidencian prácticas poco éticas y las negociaciones ilegales en cuanto al manejo del poder y la toma de decisiones importantes en beneficio propio. Todo esto da cuenta de la falta de integridad y ética de estos funcionarios, quienes deberían tener como prioridad el interés público y la defensa de los ciudadanos.

Lo más alarmante es que las conversaciones sugieren la posibilidad de corrupción incluso en decisiones judiciales importantes, lo cual trae consigo serias consecuencias para la confianza de la sociedad en las instituciones que deberían estar protegiendo sus derechos y libertades. Es necesario que se investiguen a fondo todas estas prácticas para poder cortar de raíz la corrupción y la podredumbre que impera en el sistema judicial de nuestro estado.

La escandalosa revelación de las conversaciones de WhatsApp entre altos dirigentes políticos y judiciales ha puesto de manifiesto la podredumbre que se esconde detrás de la fachada de integridad y transparencia que deberían encarnar nuestras instituciones. Mientras tanto, el gobernador observa con ojos desencantados desde su ventana, consciente del daño irreparable que este tipo de prácticas corruptas pueden causar en nuestra democracia y en el estado de derecho.