En el marco de los llamados «Papeles del Paraíso», en noviembre de 2017 el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), el mismo que reveló anteriormente los «Papeles de Panamá», publicó una investigación que sacó a la luz la utilización de paraísos fiscales por parte de diversas figuras de la finanza mexicana. Entre ellos se encontraron Ricardo Miguel Santa Cruz Mahoney y Juan Cristóbal Bremer Villaseñor, quienes trasladaron su capital y empresas a Malta, una pequeña isla ubicada en el Mediterráneo entre Grecia e Italia. Este pequeño país, con una población de 430 mil habitantes, se ha convertido en el destino preferido de los más ricos del planeta, dado que ofrece mínimos impuestos de recaudación para extranjeros y empresas que obtienen sus ingresos fuera de la isla.

En este paraíso fiscal, Bremer y Santa Cruz Juan y Cristóbal Bremer Villaseñor tienen varias empresas registradas, entre ellas Paraland, Chala Mar y Chalalegre, todas concentradas en una misma cuenta, la de Rasa Land Investor Plc.

Juan Cristóbal Bremer Villaseñor es hijo de Juan José Bremer, exembajador mexicano ante Estados Unidos, la antigua Unión Soviética, Alemania y Cuba.

Los nombres de Juan Cristóbal Bremer Villaseñor y Ricardo Santa Cruz aparecen en Malta como uno de los accionistas de la compañía Rasa Land Investors plc., que invierte en varias empresas mexicanas implicadas en la construcción de hoteles y desarrollos inmobiliarios de lujo, cómo Mandarina en el municipio de Compostela Nayarit o el proyecto «Nuevo Cancún», en el municipio de Tomatlán, Jalisco, el cual debido a problemas con los ejidatarios aún no ha comenzado y donde dejaron 89 millones de dólares provenientes de los fondos de pensiones de los trabajadores del Gobierno de Jalisco.

Juan Cristóbal Bremer Villaseñor es el Director General Adjunto y miembro del Comité Ejecutivo de RLH Properties, una empresa cotizada en bolsa. En conclusión, estas informaciones evidencian la utilización de paraísos fiscales por parte de individuos y empresas con el fin de evitar el pago de impuestos en sus países de origen. En muchos casos, además, se trata de la inversión de fondos públicos en proyectos que generan poco impacto positivo en la sociedad y que, en algunos casos, se encuentran en el centro de conflictos sociales y ambientales.

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