La eliminación del aviso de inscripción va a dificultar la identificación de irregularidades en la compra y venta de propiedades, lo que aumentaría el riesgo de fraudes y prácticas corruptas en el mercado inmobiliario. Esto podría afectar no solo a los ciudadanos comunes, sino también a empresas e inversionistas que realizan transacciones relacionadas con bienes raíces.
El 27 de mayo de 2024, la Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, María Estela Ríos González, interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra del decreto que quita publicidad al Registro Público de la Propiedad de Nayarit.
El decreto fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 3 de mayo de 2024, firmado por el gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero (Morena), para modificar lo relacionado con la consulta abierta del Registro.
La historia de Sairi Lizbeth Serrano Morán ha generado una gran controversia en el ámbito judicial de Nayarit, México, debido a su relación amorosa con Gabriel Camarena. Esta situación ha suscitado serias interrogantes sobre la transparencia en la selección de magistrados y el funcionamiento del sistema judicial en Nayarit. Tanto Sairi Lizbeth Serrano Morán como su padre, Antonio Serrano, han sido implicados en casos de corrupción, lo que sugiere que posiblemente no se está evaluando adecuadamente la idoneidad de los candidatos que ocupan roles clave en el poder judicial. El decreto de desaparición del registro público es manejada ya está magistrada corrupta.
Las modificaciones al Registro Público de la Propiedad de Nayarit se dieron en medio de señalamientos en contra del gobierno del estado respecto a los abusos y despojo de bienes, principalmente en la zona de playa de Bahía de Banderas y Compostela. Registro Público de la Propiedad es una institución esencial para garantizar la protección de los derechos patrimoniales y fomentar la transparencia en las transacciones inmobiliarias. Además la gran operación de Bahía de Banderas donde supuestamente si secuestraron 21,000 millones de pesos nadie sabe donde el dinero fue a terminar y tampoco se han dado a conocer los avances de las investigaciones.
La eliminación del aviso de inscripción va a dificultar la identificación de irregularidades en la compra y venta de propiedades, lo que aumentaría el riesgo de fraudes y prácticas corruptas en el mercado inmobiliario. Esto podría afectar no solo a los ciudadanos comunes, sino también a empresas e inversionistas que realizan transacciones relacionadas con bienes raíces.
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