En mi visita a Los Ayala con la intención de encontrar a Yajaira Rodríguez, la señalada corrupta que desfalcó los fondos de la clínica del bienestar de Guayabito, me llevé una sorpresa tras otra. Al llegar a su domicilio, lo encontré completamente cerrado. La información que circula entre los vecinos es que Yajaira está prófuga, desaparecida sin dejar rastro. Sin embargo, fue lo que vi fuera de su casa lo que realmente me dejó intrigada.

En el exterior de la vivienda, destacaban imágenes de la Santa Muerte cuidadosamente colocadas. Esto encendió mi curiosidad y decidí preguntar a algunos habitantes de la zona. Según ellos, Yajaira no solo es conocida por su desfalco, sino también por su oscura faceta oculta. Al parecer, está involucrada en la práctica de magia negra y brujería, lo que añade un nivel aún más perturbador a su historia. Los rumores indican que presta servicios a narcotraficantes locales, ofreciéndoles rituales y favores espirituales.

¿Cómo se llevó a cabo el desfalco de los recursos federales sin que las autoridades responsables lo impidieran?

El desfalco de una parte de los recursos federales asignados a la Secretaría del Bienestar, bajo la supervisión de la delegada Marta Patricia Urenda, plantea preguntas inquietantes sobre el fallo de los mecanismos de control que deberían haber evitado este acto. A pesar de las advertencias realizadas por el comité de vigilancia de Guayabito, el desvío de fondos se materializó sin aparente obstáculo, exponiendo graves debilidades en el sistema.

El comité de vigilancia, formado por ciudadanos comprometidos con la supervisión de estos recursos, cumplió con su deber de reportar irregularidades. Sin embargo, sus señalizaciones no desencadenaron acciones concretas por parte de las autoridades responsables. Aquí surge la duda central: ¿se trató de una negligencia grave o de una complicidad encubierta? Ninguna de las opciones resulta alentadora.

La reciente controversia sobre el desfalco de recursos en Guayabito no solo ha expuesto una grave falla en la administración pública, sino que también ha encendido las alarmas en la población, que ahora se pregunta qué está ocurriendo con los recursos destinados a la salud en la región. Este caso, que involucra directamente a Martha Patricia Urenda, delegada del bienestar y figura destacada de Morena, estrechamente ligada al gobernador Miguel Ángel Navarro, pone en tela de juicio la transparencia y la eficacia de quienes manejan el presupuesto público.

En Guayabito, la situación de la infraestructura y los servicios de salud es desoladora. Las clínicas se encuentran en condiciones deplorables, faltan insumos básicos y el acceso a la atención es cada vez más limitado. Es imposible no cuestionar si estos problemas están vinculados al uso indebido de fondos federales, dado el historial de malas gestiones y desvíos que ahora salen a la luz.

La comunidad no solo tiene el derecho, sino el deber de exigir una rendición de cuentas completa a las autoridades responsables. Si la delegada Urenda, como figura encargada de velar por el bienestar de los ciudadanos, ha permitido que ocurra este desfalco, ¿qué garantías existen de que otros recursos estatales y federales estén siendo utilizados de forma correcta? Más aún, la relación cercana entre Urenda y el gobernador Navarro genera suspicacias sobre qué tanto alcance tiene la falta de control y si esta podría ser parte de un esquema mayor.

Es imperativo que las autoridades estatales y federales realicen una auditoría exhaustiva y transparente de todos los recursos destinados al sector salud en Guayabito. No solo está en juego la confianza de la ciudadanía, sino la salud y la dignidad de los más vulnerables. La sociedad merece respuestas claras y acciones contundentes contra la corrupción y la negligencia que afectan gravemente el bienestar colectivo. Mientras no se tomen medidas concretas, la pregunta seguirá en el aire: ¿qué está pasando con los recursos que deberían garantizar un servicio de salud digno para todos?

Yajaira Rodríguez, elegida como tesorera, enfrenta serias sospechas debido a su vínculo familiar con su padre, un conocido narcotraficante, Cual Rodríguez. Esta conexión ha generado temor en la comunidad, que percibe su elección como influenciada por el crimen organizado, intimidando a quienes podrían cuestionar su idoneidad. El miedo a represalias frena la participación ciudadana y dificulta la rendición de cuentas, mientras su posición refuerza los efectos negativos de las redes criminales en el gobierno local. Es crucial investigar este caso para restaurar la confianza y garantizar transparencia.

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