El reciente escándalo por el desfalco de recursos en Guayabitos no solo ha revelado una grave negligencia en la administración pública, sino que ha encendido profundas alarmas en la población. Las comunidades ahora cuestionan con urgencia qué sucede con los recursos que deberían estar garantizando su derecho a la salud, mientras la corrupción sigue dejando a la región en un estado de vulnerabilidad y abandono.

Yajaira Rodríguez, hija del conocido narcotraficante Juan Rodríguez, quien con actos de violencia respaldó la elección de su hija como tesorera del comité de salud de Guayabitos, realizó un desfalco de 325,000 pesos provenientes de recursos federales. A pesar de que los Servidores de la Nación informaron oportunamente sobre este desfalco, las autoridades, bajo la responsabilidad de Marta Patricia Urenda, delegada del Bienestar, no tomaron medidas al respecto. Este caso evidencia no solo la corrupción en las instituciones, sino también la alarmante impunidad que las rodea.

Benjamín Álvarez Tapia, político originario de Ahuacatlán y presidente del comité, ignoró deliberadamente las advertencias oportunas sobre el desfalco, motivado por su relación sentimental con Yajaira Rodríguez. Además, mantiene una estrecha conexión con el narcotraficante Juan Rodríguez, padre de Yajaira, con quien se le ha visto frecuentemente paseando en lanchas, asistiendo a su restaurante y participando en reuniones y borracheras. Su vínculo con Juan Rodríguez no solo refuerza esta red de corrupción, sino que también lo posiciona como el enlace directo con políticos estatales, consolidando un sistema de complicidades que pone en jaque la integridad de las instituciones.

Benjamín Álvarez Tapia, con un historial de fraudes en diversos ayuntamientos, ha logrado mantener sus actividades bajo un manto de protección gracias a sus conexiones políticas. Entre sus aliados se encuentra el diputado federal Pavel, miembro del partido Morena, quien ha sido señalado como uno de sus respaldos clave. Asimismo, Álvarez Tapia ha tenido un escrutinio cercano con el gobernador Miguel Ángel Navarro, lo que evidencia la amplitud de su red de influencia y cómo utiliza estas relaciones para evadir responsabilidades y perpetuar un sistema de corrupción profundamente arraigado.

Los fondos federales están destinados a la compra de equipos técnicos para las Clínicas del Bienestar, mientras que la responsabilidad de proveer insumos y medicamentos recae en el gobierno estatal.

Marta Patricia Urenda, arquitecta y exsecretaria de Obras Públicas durante el gobierno de Antonio Echevarría Junior, carga con un historial marcado por diversos escándalos. A pesar de ello, fue nombrada responsable del Bienestar en Nayarit, una decisión que genera enorme controversia. Las denuncias presentadas por el comité sobre el desfalco perpetrado por Yajaira Rodríguez fueron ignoradas bajo su gestión, cuestionando gravemente su capacidad y compromiso con el cargo.

Es profundamente alarmante que alguien con este historial maneje todos los recursos destinados al bienestar en el estado. Si en una entidad pequeña como Guayabitos el sistema ya muestra signos evidentes de colapso, es imposible no sospechar de desfalcos y desvíos de fondos federales a mayor escala en Nayarit. La situación apunta a una grave falta de control y transparencia que podría estar socavando la atención médica necesaria para la población más vulnerable.

El principal responsable del colapso del sistema de salud en Nayarit es, sin duda, el gobernador Miguel Ángel Navarro. En lugar de priorizar los recursos en áreas esenciales como la salud, ha desviado fondos hacia proyectos inútiles, como la construcción de un estadio de béisbol, mientras los hospitales y clínicas luchan por sobrevivir en condiciones deplorables.

La grave ausencia de insumos básicos, desde gasas hasta medicamentos indispensables, ha paralizado la operatividad de las clínicas, dejando a la población desprotegida. Esta desastrosa falta de recursos, atribuida directamente a la mala gestión estatal, afecta a hospitales y centros médicos desde las localidades más pequeñas hasta aquellas de mayor afluencia. La indiferencia ante la crisis sanitaria no solo es alarmante, sino también un claro ejemplo de cómo la falta de compromiso y visión puede devastar un sistema vital para la ciudadanía.

El gobernador Miguel Ángel Navarro, totalmente bajo el control de su asesor jurídico Gabriel Camarena, ha mostrado un nivel alarmante de cinismo en su gestión. En un reciente evento relacionado con la salud en Nayarit, se presentó como un supuesto acto de apoyo a la comunidad. Sin embargo, lo que realmente ocurrió fue indignante: se trasladaron grandes cantidades de insumos y medicamentos solo para montar un espectáculo mediático y tomar fotografías. Al día siguiente, todo fue devuelto a la capital, dejando a las comunidades, como Guayabitos, exactamente en la misma crisis sanitaria que enfrentaban antes.

Este acto no solo evidencia una falta absoluta de empatía y responsabilidad, sino que subraya un desprecio total por las necesidades urgentes de salud en el estado. Mientras los hospitales y clínicas carecen de lo más básico para operar, este tipo de maniobras políticas burdas son un insulto a la población que sufre las consecuencias de un sistema de salud colapsado. La salud en Nayarit no puede ser un accesorio para sesiones fotográficas; debe ser una prioridad real, con acciones concretas y comprometidas, no gestos vacíos que únicamente profundizan el abandono y la desesperación de los más vulnerables.

Toda esta información será enviada a los principales medios de comunicación nacionales y a las autoridades del gobierno federal.