El horror del campo de exterminio en Jalisco: Una herida abierta en la memoria colectiva.

El hallazgo de un campo de exterminio en Jalisco ha sacudido al país, dejando al descubierto una vez más la brutalidad y el nivel de violencia que imperan en México. A pesar de las mentiras y las manipulaciones del gobierno, que intenta negar la existencia de un campo de entrenamiento para sicarios, la realidad es incontrovertible. La verdad queda muy lejos de la versión oficial, mientras las autoridades y la Fiscalía de Jalisco parecen más enfocadas en encubrir que en investigar.

Este lugar, inimaginable en cualquier sociedad civilizada, se ha convertido en un símbolo macabro de la impunidad y el terror que definen la lucha contra el crimen organizado. Los restos humanos, las fosas clandestinas y las evidencias de tortura halladas en el sitio no solo reflejan la crueldad de los perpetradores, sino también el fracaso rotundo de las autoridades para prevenir y castigar estos crímenes.

La complicidad que permitió el horror: Las autoridades sabían y no actuaron.

El campo de exterminio descubierto en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, no es solo un testimonio de la brutalidad del crimen organizado, sino también de la complicidad y negligencia de las autoridades que tenían conocimiento del lugar desde el 18 de septiembre del año pasado. A pesar de las alertas y la información disponible, la Fiscalía de Jalisco no tomó las decisiones necesarias para resguardar el lugar ni para investigar a fondo lo que ocurría en este sitio, que funcionaba como un centro de «reclutamiento y exterminio» del crimen organizado.

Los cómplices de la corrupción: Marco Antonio Fernández González y Felipe de Jesús Rubio Cárdenas, al servicio del crimen organizado.

En el centro de este escándalo se encuentran dos nombres que han sido señalados en repetidas ocasiones por su presunta complicidad con el crimen organizado: Marco Antonio Fernández González y Felipe de Jesús Rubio Cárdenas. Estos funcionarios, quienes estuvieron al mando del operativo que intervino por primera vez el Rancho Izaguirre, dieron órdenes explícitas de no investigar nada en el lugar, a pesar de las evidentes señales de que se trataba de un sitio vinculado a actividades criminales.

No es la primera vez que estos personajes son acusados de formar parte de una célula criminal al interior de la Fiscalía de Jalisco, al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Su historial está marcado por denuncias de corrupción, obstrucción de la justicia y vínculos con grupos delictivos, lo que los convierte en piezas clave para entender cómo operan las redes de complicidad entre el crimen organizado y las autoridades.

En el caso del Rancho Izaguirre, su actuación —o más bien, su falta de actuación— fue determinante para que este lugar continuara funcionando como un centro de reclutamiento y exterminio. Al evitar que se realizara una investigación profunda, no solo permitieron que los crímenes continuaran, sino que también obstaculizaron la posibilidad de que las víctimas y sus familias obtuvieran justicia.

El nuevo frente de la corrupción: Marco Antonio Fernández González y Felipe de Jesús Rubio Cárdenas en la Policía Cibernética.

Marco Antonio Fernández González y Felipe de Jesús Rubio Cárdenas, señalados por su presunta complicidad con el crimen organizado, fueron reasignados a la Policía Cibernética de la Fiscalía. Este movimiento no parece casual: desde su nuevo puesto, tendrían la capacidad de bloquear a periodistas e investigadores que exponen los vínculos entre la Fiscalía y el narcotráfico, particularmente con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Entre sus varios actos en contra de la libertad de expresión, incluso este blog fue víctima de estos dos personajes, quienes han utilizado su posición para censurar y obstaculizar las investigaciones que buscan sacar a la luz la corrupción al interior de las instituciones. Su reubicación no es más que una estrategia para proteger los intereses del crimen organizado y silenciar a quienes luchan por la verdad y la justicia.

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El dueño del predio masacrado y el tráfico de órganos: Nuevas revelaciones del horror.

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Las investigaciones sobre el Rancho del Horror en Jalisco han arrojado nuevas y escalofriantes revelaciones. El dueño del predio donde se encontraba este campo de exterminio fue masacrado personalmente por Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho», líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este hecho no solo confirma el nivel de violencia y control que ejerce el cártel en la región, sino que también sugiere que el predio fue utilizado con pleno conocimiento de su dueño, quien pagó con su vida por su posible participación o complicidad.

Además, se ha confirmado que en este lugar no solo se cometían ejecuciones, sino que también operaba un brutal tráfico de órganos. Las víctimas secuestradas y asesinadas eran despojadas de sus órganos vitales, los cuales eran vendidos en el mercado negro. Esta práctica, que parece sacada de una película de terror, era posible gracias a la complicidad de la Fiscalía de Jalisco, cuyos funcionarios, como Marco Antonio Fernández González y Felipe de Jesús Rubio Cárdenas, han encubierto estas actividades a cambio de beneficios económicos y protección.

Estas nuevas revelaciones no solo profundizan el horror de lo ocurrido en el Rancho Izaguirre, sino que también exponen la magnitud de la red de corrupción que permite que crímenes de esta naturaleza sigan ocurriendo en México. La pregunta que queda en el aire es: ¿cuántos más están involucrados? ¿Hasta dónde llega esta cadena de complicidad?

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