Los sonidos de las ráfagas de fusilería y las explosiones volvieron a sustituir el silencio en la noche de Tepic, un macabro espectáculo acompañado de ejecuciones y ‘levantones’ que siembran el terror en la población. Al norte del estado, carreteras bloqueadas y comunidades en vilo pintan el panorama de una guerra que se recrudece sin que las autoridades parezcan contenerla. La respuesta institucional, hasta el momento, se ha limitado a alertas y la recomendación –cada vez más frecuente y desesperanzadora– de que la ciudadanía se resguarde en sus hogares, un guion ya conocido que deja a su suerte a una sociedad atrapada en el fuego cruzado.
La población de Nayarit mira con terror cómo los espectros del pasado resurgen en el presente, con el temor latente de que se repita la sangrienta Guerra contra el narcotráfico que convirtió al estado en una de las zonas activas más violentas del país. Este capítulo oscuro comenzó a finales de 2009, con enfrentamientos y ejecuciones que tuvieron en jaque a la Zona Metropolitana de Tepic, la capital y ciudad más poblada.
El saldo de ese período, que se extendió hasta 2012 bajo el mandato del exgobernador priista Ney González (2005-2011), fue aterrador: se adjudican cerca de 25,000 asesinatos a grupos criminales, una cifra que dejó una cicatriz imborrable en la memoria colectiva. Hoy, el sonido de las ráfagas y los vehículos calcinados no son solo noticias; son un recordatorio traumático de una pesadilla que los nayaritas creían superada y que ahora temen vivir de nuevo.
Nayarit no arde solo por la disputa territorial; arde por el desespero de una población harta de los grupos criminales que la tienen sitiada. En particular, la familia Beltrán Leyva, conocida como «Los Bonkes» —uno de los clanes más buscados por la DEA— ha extendido su influencia en la región, imponiendo un régimen de terror basado en la violencia explícita y un sistema de cobro de piso generalizado que asfixia a todos: desde el pequeño tendero y el agricultor hasta los transportistas y grandes empresarios. Las extorsiones, las ejecuciones públicas como advertencia y los «levantones» se volvieron una moneda común, creando un clima de miedo donde la queja se silencia con plomo.
Esta política de terror es la que ha fracturado cualquier posible «paz mafiosa». La población, viéndose abandonada por unas autoridades estatales y federales que parecen totalmente rebasadas o impotentes para garantizar su seguridad básica, se encuentra en una encrucijada imposible: seguir aguantando la brutalidad de estos grupos o, en un acto de desesperación, ver en la llegada de un grupo rival —la facción de «Los Mayos» del Cártel de Sinaloa— una opción menos mala. No se trata de una bienvenida ideológica, sino del pragmatismo brutal de quien prefiere un «orden» que no incluya el hostigamiento constante. Es un grito de auxilio dirigido a quien parezca dispuesto a escucharlo, porque el Estado, para muchos, ya no está.
La Costa de Nayarit se encuentra completamente dominada por un juego criminal orquestado por el CJNG, donde operan con impunidad debido a la colusión de autoridades locales y estatales. Según investigaciones previas, existe un pacto de silencio y complicidad que permite desapariciones forzadas, ejecuciones y control territorial sin que se realicen investigaciones serias. Casos como el de la activista Flor Otero —asesinada por denunciar las redes de poder entre criminales y funcionarios— ejemplifican cómo la mafia opera con protección institucional. La población vive entre la impotencia y el terror, sin acceso a justicia ni garantías de seguridad, mientras el cártel y sus aliados políticos-económicos consolidan su reinado de terror.
La región de Compostela y Bahía de banderas está bajo el control de la estructura criminal del CJNG, operada a través de redes familiares y alianzas político-policiales. La influencia de la «suegra del narco» —vinculada a exfiscales como Édgar Veytia— y figuras como el priista Héctor Santana en Bahía de Banderas, ha permitido al cártel operar con impunidad. Santana, aliado de Veytia y del conocido criminal Tagaya, es clave en la protección de rutas y lavado de activos.
En el sur de Jalisco, el CJNG ejerce dominio férreo, pero en Bahía de Banderas su control es aún más estratégico: grupos locales son manejados con disciplina militarizada, y para evadir presión federal, el propio Mencho ordena ocasionalmente la entrega de miembros de su organización como «trofeos» judiciales, simulando operativos exitosos mientras mantiene intacta su estructura. La población atestigua cómo las desapariciones y ejecuciones quedan impunes debido a la colusión entre crimen y autoridades
Es un escenario absurdo, pero refleja la cruda realidad que vive Nayarit: la población, cansada de la violencia depredadora del CJNG y la colusión de las autoridades, llega a percibir la llegada de otro grupo criminal como un «mal menor». Esta desesperación no es una apología al crimen, sino un grito de impotencia frente a la inoperancia de los tres niveles de gobierno —municipal, estatal y federal—, que han fallado en garantizar seguridad y justicia.
La entrega de plazas entre cárteles no es una solución; es la evidencia de un Estado fracturado, donde la ciudadanía, abandonada a su suerte, se ve forzada a buscar sobrevivir entre fuegos cruzados. La verdadera derrota no es solo del gobierno, sino de la esperanza de vivir en paz.
¡La unión puede salvar Nayarit!
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