«La operación corrupta entre el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Fiscalía General del Estado no es una mera coincidencia, sino una simbiosis delictiva perfectamente diseñada. La evidencia más cruda de este nexo es la ruta de impunidad que siguen los funcionarios señalados por irregularidades.

Funcionarias del DIF, previamente cesadas (o removidas) por actos de corrupción y presunto desvío de recursos destinados a los más vulnerables, no han sido investigadas ni consignadas. Por el contrario, han encontrado un refugio seguro dentro de la propia Fiscalía General del Estado, bajo la protección directa del Fiscal Petronilo y de su gato Delgadillo.

«El Chantaje, la Doble Vida y el Favoritismo: Por qué Petronilo Esconde a María Concepción Morán en la Fiscalía de Nayarit»

El caso de María Concepción Morán Escobedo, ex titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF estatal, es el ejemplo más emblemático —y grotesco— de la puerta giratoria de la corrupción en Nayarit.

Identificada como el brazo derecho de Beatriz Estrada —esposa del gobernador Miguel Ángel Navarro—, Morán Escobedo no solo operaba los desvíos de recursos destinados a programas sociales para los más vulnerables; también compartía los desfalcos con la titular del DIF.

Sin embargo, la sociedad delictiva se quebró cuando Morán Escobedo amenazó con denunciar a Beatriz Estrada ante Oliver Correa Castañeda, entonces titular del DIF Federal, al sentirse relegada en el reparto del botín. Fue entonces cuando el gobernador Navarro —esposo de Estrada— intervino directamente para cesarla de manera expedita, no como un acto de rendición de cuentas, sino como un ajuste de cuentas.

A pesar de la gravedad de los actos de corrupción en los que participó —y de los cuales era corresponsable—, nunca enfrentó un proceso legal. Por el contrario, fue reubicada en un refugio seguro: la Fiscalía General del Estado, bajo la protección directa del fiscal Petronilo.

Pero el escándalo no termina ahí.
Fuentes internas confirman que Petronilo mantiene a Morán Escobedo escondida en una oficina fantasma, sin asignación de funciones reales, lejos del escrutinio público y, sobre todo, lejos de los ojos del gobernador Navarro, quien —según se señala— le guarda un profundo coraje por el chantaje que ella ejerció contra su esposa.

El fiscal no solo protege a una exfuncionaria cesada por corrupción: oculta a una testigo incómoda que podría destapar toda la estructura de desvíos en el DIF.
A esto se suma un susurrado vínculo sentimental entre Petronilo y Morán Escobedo, lo que explicaría el alto nivel de lealtad y riesgo que el fiscal asume al esconderla en su propia estructura, pagada con dinero público.

Este caso ya no es solo sobre desvío de recursos:
es sobre encubrimiento, conflicto de interés, abuso de poder y la privatización de la justicia para proteger a los cercanos al poder.
La Fiscalía de Nayarit ya no es una institución: es el patio trasero de los intereses más oscuros de la clase política en turno.

«Pero el hilo de esta trama corrupta se extiende más allá de las fronteras de Nayarit y alcanza altas esferas del ámbito federal.
María Concepción Morán Escobedo mantenía una relación sentimental públicamente conocida con Oliver Correa Castañeda, quien en ese momento se desempeñaba como Procurador Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Esta conexión íntima —documentada por la propia Morán Escobedo en sus redes sociales mediante fotografías y constantes viajes a la Ciudad de México— se convirtió en el talón de Aquiles del gobierno de Navarro.

El temor del gobernador no era infundado: si Morán decidía hablar, no lo haría solo ante cualquier autoridad, sino ante su pareja sentimental, un funcionario federal con poder real para investigar y destapar toda la operación de desvíos del DIF nayarita.
Peor aún: existía el riesgo fundado de que Oliver Correa, usando su cargo, solapara la corrupción o incluso iniciara una investigación formal que expusiera el presunto uso de recursos desviados para financiar campañas políticas priistas.

Fue este peligro inminente —y no un repentino interés por la honestidad— lo que llevó al gobernador Miguel Ángel Navarro a cesar a Morán Escobedo de manera inmediata.
No fue un acto de justicia, sino una jugada de contención: sacarla del DIF estatal para silenciarla, minimizar el riesgo de una investigación federal y proteger la fuente ilegal de financiamiento de sus proyectos políticos.»

Mientras las familias de Nayarit clamaban por justicia en casos tan sensibles y dolorosos como el de Ross Benigni —y donde la propia Procuraduría a cargo de Morán Escobedo brillaba por su ausencia o inacción—, ella encontró tiempo y recursos para cultivar y presumir en sus redes sociales sus amistades de alto nivel.

En varias publicaciones, Morán Escobedo aparecía sonriente junto a Oliver Correa Castañeda, entonces Procurador Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, mostrando reconocimientos y fotos de eventos en la Ciudad de México, mientras las víctimas locales de abuso infantil esperaban respuestas que nunca llegaron.

Esta actitud no solo refleja una profunda desconexión con la realidad y el dolor de las niñas y niños nayaritas, sino también una prioridad perversa: en lugar de atender las urgentes necesidades de protección infantil en su estado, invertía su tiempo y posición en tejer alianzas políticas y relaciones personales que, finalmente, usaría como moneda de cambio cuando su impunidad estuvo en riesgo.

«Pero el escándalo de la puerta giratoria y el amiguismo no termina con Morán Escobedo.
La Fiscalía General del Estado de Nayarit se ha convertido en un refugio seguro para varios —y varias— personajes obscuros que, lejos de enfrentar procesos por sus actos de corrupción, son mantenidos en la nómina y reciben constantes ‘reconocimientos’ de dudosa procedencia y nulo valor institucional.

Mientras la ciudadanía exige resultados concretos en materia de seguridad y justicia —como la resolución de casos de desaparición, feminicidios o el combate real al crimen organizado—, estos funcionarios se dedican a organizar actos de autocondecoración, donde se otorgan plaques, diplomas y medallas que nadie sabe a qué corresponden, pero que sirven para llenar sus redes sociales de una imagen de legitimidad que no tienen.

Estos reconocimientos fantasma no son más que una estrategia de lavado de imagen interna: un intento desesperado por ocultar su inoperancia, justificar sus altos salarios y simular que en la Fiscalía se trabaja… cuando en realidad solo se protegen entre sí.
Mientras, la impunidad sigue campante en las calles de Nayarit.»

«Morán Escobedo no es un caso aislado; es solo la punta de un iceberg de podredumbre institucional.
La Fiscalía General de Nayarit se ha convertido en una verdadera cueva de corruptos y corruptas, donde operan con total impunidad prácticas como:

• Tráfico de influencias para proteger a cercanos al poder.
• Fabricación de delitos contra inocentes que se atreven a denunciar.
• Nexos con la criminalidad organizada para lavar operaciones o frenar investigaciones.
• Corrupción sistémica que permea desde altos mandos hasta bases operativas.

Pero el problema no termina ahí: dentro de la institución también opera una lógica misógina y mercenaria.
Cortesanas, mantenidas, amantes y queridas ocupan puestos clave no por mérito, sino por lealtades personales o relaciones íntimas con funcionarios poderosos.
La mayoría de estas mujeres —y también hombres— actúan con arrogancia y desprecio hacia la ciudadanía:

• Alteran expedientes a cambio de favores o dinero.
• Fabrican delitos para perseguir opositores o beneficiar a intereses creados.
• Cancelan citas programadas sin justificación.
• Niegan copias de investigaciones a familiares de víctimas.
• Se niegan a dar explicaciones y hostigan a quienes exigen transparencia.

Es una maquinaria perfecta de abuso y opacidad donde el poder no se usa para servir, sino para oprimir.
La Fiscalía de Nayarit ya no es una institución de justicia: es un cartel de impunidad donde el crimen se viste de autoridad.»

«Enevita Rojas Padilla, Coordinadora de Administración de la Fiscalía, es el eje financiero de la corrupción institucional.
No solo avala los desfalcos: los opera.
Desde su puesto, firma facturas falsas, inventa proveedores fantasma y desvía recursos públicos para beneficiar a una red de funcionarios corruptos.
Es la contadora de la impunidad: la que convierte el dinero de Nayarit en cheques para sus jefes… y para sí misma.»

«Cecilia Dávalos, ex directora de Servicios Periciales, fue despedida por el gobernador tras descubrirse su relación sentimental con el exsubfiscal Rodrigo Benítez, quien enfrenta múltiples acusaciones penales y era señalado como operador clave del mandatario en actos irregulares.
A pesar de su despido —una jugada política para simular limpieza—, el fiscal Petronilo Delgadillo la mantiene escondida en la nómina, oculta en una oficina fantasma mientras espera que cumpla años para jubilarse con fondos públicos.
Otro pacto de impunidad pagado por el pueblo.»

«Norma Leticia Mejía García, al mando de la Dirección General de Servicios Periciales, es la arquitecta de la impunidad en Nayarit.
Bajo su dirección, las pruebas no se investigan: se fabrican.
Alteran peritajes, falsifican dictámenes y manipulan evidencias para encubrir a culpables o incriminar a inocentes, siempre bajo las órdenes —y con la plena complicidad— del fiscal Petronilo Delgadillo.
La ciencia al servicio del crimen.»

«Estos casos —Morán Escobedo, Enevita Rojas, Norma Mejía, Cecilia Dávalos— son solo la punta del iceberg de una podredumbre institucional generalizada que carcome desde adentro al DIF y a la Fiscalía de Nayarit.
No son excepciones: son la regla.
Cada nombre expuesto revela una red más profunda de encubrimientos, desvíos, manipulación de justicia y abuso de poder protegida por el silencio cómplice de los altos mandos.

Pero esto no termina aquí.
Seguiremos investigando y denunciando a todos los personajes ocultos tras este círculo de corrupción dilapidante: los operadores financieros, los peritos falsificadores, los jueces comprados, los testigos a conveniencia y todos aquellos que convirtieron la justicia en un mercado negro.

Exigimos:

• Una intervención federal inmediata en la Fiscalía y el DIF estatales.
• La destitución y consignación de Petronilo Delgadillo y su estructura de complicidades.
• Una auditoría nacional independiente a todos los recursos manejados por estas instituciones.

La ciudadanía de Nayarit ya no cree en sus instituciones.
Ahora, confía en la resistencia y en la memoria.
Y no vamos a parar hasta que la impunidad caiga.»

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