LA FARSA DESMONTADA: LA «RENUNCIA» QUE FUE UN ASCENSO A LAS SOMBRAS

Se confirmó. La información, filtrada desde las entrañas mismas de la Fiscalía General del Estado por voces que temen represalias, es contundente y revela la podredumbre del pacto.

Petronilo Díaz Ponce Medrano, el exfiscal que en noviembre pasado montó un teatrito lacrimógeno de «renuncia» y habló cínicamente de una institución «rebasada», NUNCA SE FUE. Su salida fue un vulgar engaño, una cortina de humo para una sociedad urgida de ver cambios. En su lugar, fue instalado con sigilo —a finales de diciembre, en la opacidad de un fin de año— como el Director General de Análisis e Información e Inteligencia Criminal.

Piensen en eso. No lo mandaron a su casa. No lo separaron de la institución. Lo reubicaron en el cerebro mismo del organismo: la unidad que decide qué se investiga, a quién se sigue, qué datos existen y hacia dónde apuntan los recursos. Desde las sombras, ahora tiene más poder operativo y menos escrutinio público. Es el puesto perfecto para un hombre que necesita protección y, a la vez, conservar el control.

Pero el verdadero crimen aquí no es solo la vil mentira de Petronilo. El escándalo mayor es el silencio cómplice y criminal del gobierno de Miguel Ángel Navarro Quintero (MANQ). Este es un gobierno que ha hecho teatro público con cada nombramiento de un director de área, con cada cambio de mando municipal, aplaudiendo su propia «transparencia». Sin embargo, cuando se trató de esconder a su exfiscal cuestionado en un puesto de alto impacto, optaron por el mutismo. No hubo boletín, no hubre conferencia, no hubre ni un miserable comunicado. Solo el ruido de una puerta que se cierra para ocultar la verdad.

Este silencio no es un descuido. Es la prueba reina de la complicidad. Es la confirmación de que todo fue un guion orquestado desde Palacio de Gobierno: hacer creer a la gente que se había sacrificado un pez gordo, mientras lo trasladaban con cuidado al acuario privado, a un lugar desde donde puede seguir pescando.

La designación es, por donde se le vea, una bofetada a la inteligencia de los nayaritas y una burla sangrienta a quienes, por un instante, creyeron en la posibilidad de una justicia limpia. No hubo renovación. No hubo autocrítica. Hubo una operación de contrainteligencia contra la ciudadanía, para proteger a uno de los suyos.

LA CADENA DE COMPLICIDAD: DE LA «TOÑITA» A MANQ, PROTEGIENDO AL NOTARIO-FISCAL

La historia del poder en Nayarit no se escribe en capítulos aislados, sino en pactos de impunidad que atraviesan administraciones. La figura de Petronilo Díaz Ponce Medrano, como notario en funciones y fiscal en turno, es el hilo que cose —sin vergüenza— los gobiernos de diferentes sigmas políticos.

Porque el escándalo no comenzó con MANQ.

Fue durante el gobierno de la entonces mandataria Toñita Echevarría que Petronilo fue nombrado y mantenido en altos cargos de procuración de justicia, a pesar de portar —como un arma de conflicto de intereses— su título y ejercicio notarial activo.

Su nombramiento como Visitador y después como Fiscal Anticorrupción bajo su administración se dio con pleno conocimiento de su doble carácter: fedatario público y perseguidor de delitos. No hubo llamado a la separación del notariado. No hubo ética, no hubo ley. Hubo complicidad desde el inicio.

La administración de Echevarría normalizó lo ilegal, institucionalizó el conflicto de intereses y le entregó a Petronilo las llaves de una dependencia que él, desde su notaría, podía manipular, favorecer o encubrir.

MANQ no inventó el juego. Solo heredó las reglas corruptas y decidió jugar la misma partida. Al nombrarlo Fiscal General del Estado, no solo mantuvo ese acuerdo tácito de impunidad: lo potenció. Le dio la máxima tribuna para operar su doble rol con total impunidad.

Esto desmonta cualquier narrativa de «cambio» o «renovación». Lo que tenemos es una alianza transexenal entre cúpulas para proteger a operadores clave. La Toñita lo encumbró y protegió. MANQ lo perpetuó y, cuando estalló el escándalo, lo escondió en la sombra de Inteligencia Criminal.

No son administraciones distintas. Es el mismo sistema de corrupción, con distintos logotipos. La protección a Petronilo —notario y fiscal— es el símbolo perfecto de cómo en Nayarit la ley se dobla para servir a los mismos intereses, sin importar el color del que vistan.

La justicia nayarita no ha tenido dos dueños, sino uno solo durante décadas: un pacto entre élites que usan los cargos públicos como refugio para sus protegidos. Petronilo es solo el síntoma más visible. La enfermedad es esa cadena de complicidad que une a quienes han gobernado.

LA NOTARÍA DEL TERROR: EL FISCAL-NOTARIO QUE DESPOJÓ PROPIEDADES Y SILENCIÓ VÍCTIMAS CON ÓRDENES DE APREHENSIÓN

No basta con señalar el conflicto de intereses. Hay que mirar las víctimas. Hay que preguntarse, con el estómago apretado: ¿Cuántas propiedades, terrenos, casas, patrimonios enteros de familias nayaritas fueron despojados, robados o “legalizados” con la fe pública del Notario 32, mientras ese mismo hombre era la máxima autoridad para investigar esos delitos?

La ecuación es de una perversión criminal magistral:

1. El Despojo: Una propiedad es arrebatada mediante engaño, coerción o documentos falsos. Para “lavar” el acto delictivo, se necesita un notario que dé “legalidad” a la transacción. ¿Quién mejor que el Notario Público No. 32 de Compostela?
2. La Denuncia Imposible: La víctima, desesperada, acude a la Fiscalía General del Estado a denunciar el robo. Pero se encuentra con que el jefe de toda la institución, Petronilo Díaz Ponce Medrano, es la misma persona que firmó y selló los documentos que la despojaron. ¿A quién le vas a denunciar? ¿Al cómplice que está a cargo?
3. La Venganza Institucional: Si algún abogado valiente, algún hijo de la víctima con coraje, insiste y levanta la voz o intenta denunciar por otras vías, se activa el brazo represor de la Fiscalía. No hay investigación contra el despojo. En cambio, te fabrican una causa en tu contra. Es la vieja y brutal táctica de la institución: te siembran delitos, te giran una orden de aprehensión por “usurpación de funciones”, “denuncia falsa” o cualquier capricho legal. Te convierten de víctima en perseguido político.

Esto no es una teoría. Es el modus operandi documentado y temido por abogados litigantes en materia agraria, civil y penal en Nayarit. Varios colegios han sido acallados, varios defensores tienen procesos abiertos o han sido amenazados directamente por osarse enfrentar al monstruo de dos cabezas: la Notaría 32 y la Fiscalía General.

Pregúntense entonces: ¿Cuántas órdenes de aprehensión en los últimos 8 años fueron instrumentos de venganza para proteger despojos avalados por su notaría? ¿Cuántas familias hoy viven en el miedo o en la miseria, sabiendo que quien robó su tierra tiene el sello del fiscal-notario y que denunciar significa la cárcel?

Petronilo no solo tuvo un conflicto de intereses. Operó un sistema de despojo con inmunidad total. Desde su notaría, podía “legalizar” el crimen. Desde su fiscalía, podía bloquear cualquier investigación y perseguir a quien osara señalarle. Era juez, parte, verdugo y archivador de pruebas.

El mensaje que durante años mandó a los nayaritas fue claro y aterrador: “Si te despojo con mi firma de notario, y tú lo denuncias, yo mismo, como fiscal, te meto a la cárcel”.

Esa es la verdadera brutalidad. No es un error de forma. Es la encarnación del Estado criminal, donde las instituciones no sirven para proteger, sino para robar y silenciar. Y todo, ante la vista gorda y cómplice de quienes lo encumbraron y lo protegieron, gobierno tras gobierno.

Las víctimas de esos despojos tienen un nombre y un rostro. Y su verdugo institucional, también.

“La conexión criminal del fiscal: Pruebas que vinculan a Petronilo Díaz y su familia con grupos delictivos”

LA MAFIA FAMILIAR: LA RED DE PETRONILO, DE LA NOTARÍA AL NARCO, CON LA PROTECCIÓN DEL PODER

La corrupción no opera sola. No es un hombre, sino una red. Y Petronilo Díaz Ponce Medrano no ha sido un funcionario deshonesto aislado, sino el capo de un entramado familiar y delictivo que ha usado su doble poder —notarial y fiscal— para tejer una telaraña de impunidad desde Compostela hacia todo Nayarit.

Como documentan investigaciones periodísticas (enlace aquí), Petronilo ha colocado a familiares y operadores de confianza en puestos clave dentro de la administración pública y el ámbito notarial, creando una estructura de control y desvío de recursos. Esta no es una simple nepotismo: es la construcción de un cártel burocrático que blindaba sus operaciones.

Pero el eslabón más tétrico de esta cadena es su vínculo criminal con la llamada “Chancluda” Alicia Monroy, identificada por autoridades federales y reportes de inteligencia como la jefa de la mafia de despojo de tierras, extorsión y narcotráfico en Compostela y la zona norte de Nayarit.

La conexión es brutal en su simpleza:

1. La Chancluda y su organización delinquen: Despojan terrenos, extorsionan, trafican drogas.
2. Esos delitos necesitan “lavado” o “protección”: Ahí entra la Notaría 32 de Petronilo, dando apariencia de legalidad a transacciones sucias, o bien, la Fiscalía General bajo su mando, asegurándose de que ninguna investigación avanzara contra ella o sus testaferros.
3. El círculo se cierra con sangre y silencio: Quienes denunciaban eran amenazados, encarcelados con causas fabricadas, o desaparecidos. La justicia estatal, dirigida por Petronilo, nunca tocó a la Chancluda. Al contrario: le garantizó impunidad.

Esto ya no es un conflicto de intereses. Esto es colusión con el crimen organizado.

Petronilo no solo fue un notario-fiscal corrupto. Fue el abogado, el fedatario y el escudo político de una de las mafias más temidas de la región. Su poder dual le permitía a la Chancluda operar con un sello de impunidad: los documentos de sus despojos llevaban firma notarial, y las denuncias en su contra se ahogaban en la Fiscalía.

¿Cuántas tierras robadas por la Chancluda fueron “legalizadas” con la firma de Petronilo? ¿Cuántas órdenes de aprehensión contra sus pistoleros fueron archivadas en su escritorio? ¿Cuánto dinero del narco pasó por propiedades “notariadas” por su oficina?

Esta es la verdadera magnitud de la traición. Petronilo no traicionó solo a la ley. Le vendió el estado entero a la delincuencia. Fue el puente dorado entre el poder político y el crimen organizado, usando a su familia como operadores y a su notaría-fiscalía como centro de lavado y protección.

Los gobiernos que lo protegieron —el de la Toñita y el de MANQ— no solo encubrieron a un funcionario corrupto. Fueron cómplices de una alianza con el narco. Le dieron el título de Fiscal General al socio institucional de la mafia de Compostela.

La pregunta que Nayarit debe hacerse ahora es: ¿Esta red se desmanteló con su falsa salida, o simplemente se replegó? Porque un hombre que armó una estructura así no se retira. Solo se esconde. Y desde su nuevo puesto en Inteligencia Criminal, puede seguir viendo, oyendo y protegiendo… desde las sombras.

La mafia no se fue. Cambió de oficina.

LA FÁBRICA DE CULPABLES: DELGADILLO, SU RED Y LA MAQUINARIA DE PERSECUCIÓN JUDICIAL

La podredumbre en la Fiscalía General del Estado no tiene un solo rostro. Es un cártel con distintas células, cada una especializada en una fase del negocio de la impunidad. Si Petronilo era el cerebro notarial y el escudo político, José Manuel Delgadillo ha sido el brazo operativo, el jefe de la fábrica donde se manufacturan las órdenes de aprehensión a la medida.

Su reciente «ascenso» a Director de Investigaciones Ministeriales no fue una promoción por méritos, sino la consolidación del control mafioso sobre el corazón mismo de la persecución penal. Desde ese puesto, Delgadillo no investiga delitos; los dirige y los fabrica. Y su principal materia prima es la venganza política y la protección de la red.

Pero el trueque de puestos revela el cinismo total del sistema: Delgadillo heredó el cargo de María Concepción Morán Escobedo, una funcionaria cuyo historial de corrupción es tan público que hasta el propio gobierno tuvo que correrla del DIF estatal por desvío de fondos a cuentas personales. Es decir, la Fiscalía, en lugar de investigarla, la recicló y la colocó en un puesto clave. Solo hasta que la presión pública creció, la movieron para meter a otro cómplice de confianza: Delgadillo. Es el ciclo de la corrupción: reciclan corruptos entre sí, mientras la institución se pudre.

La fábrica de órdenes de aprehensión tiene dueños: Delgadillo y su mujer, Raquel Gutiérrez León, quien se mantiene cómodamente en su cargo dentro de la misma Fiscalía. Esta es la dupla perfecta: él, desde Investigaciones Ministeriales, activa los procedimientos y firma los oficios; ella, desde su trinchera administrativa o jurídica, asegura que los engranes internos funcionen, que los expedientes se armen con la «prueba» necesaria y que ningún disidente interno levante la voz.

Juntos, han sido los arquitectos de la persecución legal contra quienes amenazan al sistema. ¿Un abogado que denuncia un despojo notariado por Petronilo? Orden de aprehensión. ¿Un periodista que destapa un desvío? Orden de aprehensión. ¿Un activista que exige justicia por un crimen de la Chancluda? Orden de aprehensión. No buscan justicia; buscan silencio.

Esta es la maquinaria que Petronilo ayudó a crear y que Delgadillo ahora opera. No es una teoría. Es un patrón documentado de represión legal. Mientras la verdadera delincuencia —los despojadores, los narcos, los corruptos de cuello blanco— opera con total libertad, los recursos del Ministerio Público se usan para criminalizar a la víctimas, a los críticos y a los honestos.

La conclusión es aterradora: La Fiscalía de Nayarit no es una institución de justicia. Es un sindicato del crimen, donde cada cómplice tiene una función:

• Petronilo: El protector notarial y el enlace político-criminal.
• Delgadillo: El fabricante de causas y órdenes de aprehensión.
• Raquel Gutiérrez León: La operadora interna que asegura la impunidad de la fábrica.
• María Concepción Morán: La muestra del reciclaje de corruptos dentro del sistema.

Y todos, absolutamente todos, han sido protegidos, promovidos o encubiertos por los últimos gobiernos. Esto no es falla del sistema. Es el sistema. Una máquina de robar, silenciar y proteger, financiada con el dinero público y operada desde las entrañas del poder. Nayarit no tiene una Fiscalía. Tiene una empresa criminal con placa.